Provincias profundizan medidas de ajuste y declaran emergencia
Gobernadores de todos los partidos políticos avanzaron en estos últimos días en medidas de ajuste de las cuentas públicas, que van desde dar de baja nombramientos, achicar áreas de los gabinetes y pagar en cuotas los haberes a los empleados públicos hasta la afectación de fondos para infraestructura. Y también se deslizó el retorno de las cuasimonedas.
Los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, que anticipó una drástica reducción de las partidas para las provincias, que se traducirá en la ralentización de la obra pública y hasta su paralización, fue el motor que activó el serrucho. De manera transversal coinciden los mandatarios en que la poda, sin que importe su dimensión, se traducirá en turbulencias políticas en el mediano plazo. “Un achique tan fuerte es imposible que se haga a costo cero, mucho más en medio de una estampida de precios, una inflación imparable y sueldos que apenas alcanzan para llegar a fin de mes”, reflexionó ante Ámbito un funcionario que tiene acceso directo al despacho de un gobernador del Norte Grande que esta semana habló en reiteradas ocasiones con sus pares, incluso el sábado por la mañana. “A todos les preocupa mantener a paz social”, agregó.
Los recortes
El primero en meter motosierra fue el tucumano Jaldo. Tras reemplazar en octubre a Juan Manzur, le quitó $220.000 millones al Presupuesto 2024. Una reducción cercana al 13%. Es decir, el cálculo de erogaciones del Estado provincial para el año que viene ascendería a $1,6 billones. El jujeño Carlos Sadir -reemplazante de Gerardo Morales-, tendrá un Presupuesto 2024 de $889.000 mil millones. Hubo aumentos nominales en todas las áreas por debajo de la inflación, excepto en seguridad. El 70% será para salarios, con poco margen para la inversión. El catamarqueño Raúl Jalil anunció una reducción de cargos de jerarquía en todas las áreas del Poder Ejecutivo. A través de una ley, se activarán fusiones de reparticiones que se implicará una reducción de entre 150 y 200 nombramientos de elevadas categorías.
En San Juan, Marcelo Orrego informó un recorte del 30% de los cargos políticos e invalidará las designaciones que efectuó su predecesor peronista Sergio Uñac, hasta 90 días previos al recambio. Además, revocó los nombramientos a planta permanente del personal que no haya cumplido los seis meses de antigüedad, más la no renovación de los contratos de colaboración de servicios de los trabajadores temporarios. En Córdoba, Martín Llaryora adelantó que se reducirá un 25% de los haberes del jefe provincial y vicegobernador; un 15% de los sueldos de ministros y el 10% de los restantes funcionarios políticos. En Chaco, el arquitecto radical Leandro Zdero todavía no comunicó la dimensión de la poda que prometió pero ordenó una auditoría en toda la administración pública provincial. “Se terminó la época en la que uno podía cobrar sin trabajar”, dijo.
En Entre Ríos, Rogelio Frigerio, del PRO, prometió que irá a fondo con un recorte en los cargos de la política y también en el sector público. Detalló que irá por una reducción del 50% en la cantidad de cargos políticos y remarcó que se realizará un estricto control de asistencia y de licencias médicas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de 35 años, el mandatario provincial más joven del país, del PRO, ordenó dar de baja los nombramientos realizados en el Ejecutivo en los últimos seis meses y revisar los del último año. Mientras que en Tierra del Fuego, Gustavo Melella, meterá tijera en la estructura política aunque mantendrá la misma cantidad de ministerios y de secretarías. El serrucho pasará por las terceras y cuartas líneas de las distintas áreas, con el que pretende reducir hasta el 40% de la planta política.
Dos que todavía no dieron precisiones sobre si en sus distritos habrá ajustes y su dimensión, aunque coincidieron en que se debe caminar hacia “un Estado eficiente en la administración de los recursos”, fueron los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Mendoza, Alfredo Cornejo. Para el primero, “hay que ordenar las cuentas pero al ajuste no lo pueden pagar los sectores más vulnerables”. Mientras que para el mendocino, “que la Nación haga un ajuste con sus recursos me parece razonable; que exija que las provincias hagan un ajuste de sus gastos improductivos también es correcto, pero siempre y cuando -el Estado nacional- no toque ninguno de los recursos que por ley le corresponden a la provincia”.
¿Moneda propia?
Uno de los hombres de mayor confianza del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, no descartó que ese distrito emita su propia moneda, si el Estado nacional no garantiza fondos contantes y sonantes, por tratarse de una jurisdicción que concentra el 50% de la industria nacional, lo que requiere liquidez. Durante una entrevista, señaló que Kicillof ya hizo el planteo ante Francos, ministro del Interior. “Veremos si eso es necesario, hay que evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia. Por ahora no estamos avanzando en ese sentido pero si la Constitución lo habilita, y consideramos que resulta una herramienta que puede paliar cierto déficit de liquidez o crédito en la Provincia, será evaluada”.
Abriendo el paraguas
El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, declaró la emergencia económica para el Estado provincial. Comunicó que esto supone la puesta en marcha de medidas de control y reducción del gasto que afectarán a la obra pública, al giro de fondos a municipios y comisiones municipales, el congelamiento de vacantes o nombramientos en el sector público y gastos de promoción o difusión oficial, más la suspensión de partidas extraordinarias a municipios. Destacó que las obras continuarán pero se suspenderán por seis meses las que todavía no estén licitadas o adjudicadas, excepto obras de urgencia o de infraestructura.
En Santa Cruz, Claudio Vidal, mandatario de extracción sindical, advirtió que no tiene los fondos suficientes para pagar el medio aguinaldo a los trabajadores públicos. Se supo que de los $6.000 millones que habían sido prometidos por el exministro de Economía, Sergio Massa, solo ingresó el 50%. En esta provincia, el medio aguinaldo equivale a $16 mil millones y el auxilio del Estado nacional es clave para hacer frente a este compromiso. Además, anticipó que irán a venta o remate el 80% de los vehículos del Estado y la residencia oficial que los gobernadores utilizan cuando viajan a El Calafate. “Lo que se obtenga por esas operaciones irá al presupuesto educativo”, dijo. También prometió que la quita de más de 1.800 teléfonos a funcionarios del Ejecutivo.
El ajuste de Rolando Figueroa, jefe provincial de Neuquén, pasará por eliminar las jubilaciones de privilegio, reducir en un 50% los cargos políticos y auditar los pases a planta permanente del Estado durante 2023. En su discurso de asunción sostuvo que “hay funcionarios que se llevan tres millones de pesos por dos trabajos, o directamente no iban a trabajar. Van a tener que devolver lo cobrado y no trabajado”.
